Según el informe de Transparencia Internacional publicado el 11 de febrero, México se ubicó en el puesto 140 de 180 países evaluados en 2024, con una calificación de 26 sobre 100. Este es el peor resultado en la historia del país, reflejando un retroceso respecto a 2022, cuando ocupaba el puesto 126 con 31 puntos. El informe destaca la persistencia de altos niveles de corrupción y señala factores como la inseguridad relacionada con reformas, corrupción estatal vinculada al crimen organizado y bajas tasas de sanción en responsabilidades administrativas.
Este resultado refleja un deterioro significativo en la lucha contra la corrupción y plantea serias preocupaciones sobre el estado de la gobernanza en el país. La corrupción ha sido un problema persistente en México, afectando instituciones, generando desconfianza ciudadana y obstaculizando el desarrollo económico y social.
Uno de los factores clave que han contribuido a este declive es la relación entre corrupción e inseguridad. El crimen organizado ha logrado infiltrarse en estructuras gubernamentales, lo que ha debilitado la capacidad del Estado para combatir la violencia y garantizar el estado de derecho. Además, la impunidad sigue siendo un problema crítico, con bajas tasas de sanción para funcionarios implicados en actos ilícitos. Sin consecuencias reales, la corrupción se perpetúa y se arraiga aún más en la administración pública.
Otro aspecto preocupante es la falta de reformas efectivas y la debilidad de las instituciones encargadas de combatir la corrupción. A pesar de la existencia de organismos como la Secretaría de la Función Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, los esfuerzos han sido insuficientes para generar un cambio tangible. La falta de independencia en la fiscalización y la politización de la justicia han impedido avances significativos.
El impacto de la corrupción en la economía es innegable. Empresas nacionales y extranjeras enfrentan costos adicionales debido a la necesidad de pagar sobornos o enfrentar trámites burocráticos prolongados. Esto desalienta la inversión y limita el crecimiento económico. Además, los recursos públicos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura terminan desviados en prácticas ilícitas.
Para revertir esta situación, es necesario fortalecer las instituciones, garantizar la independencia del poder judicial y fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos. La educación y la transparencia también juegan un papel crucial en la erradicación de la corrupción. México enfrenta un desafío monumental, pero con voluntad política y compromiso social, aún es posible construir un sistema más justo y transparente.