Una Corte Suprema dividida ha permitido a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiniciar las deportaciones rápidas de migrantes a países distintos de su país de origen, levantando una orden judicial que requiere que tengan la oportunidad de impugnar las deportaciones.
La mayoría del Tribunal Supremo no detalló su razonamiento en la breve orden emitida el lunes, como es habitual en su expediente de emergencia. Los tres jueces liberales discreparon.
En mayo, funcionarios de inmigración subieron a ocho personas a un avión con destino a Sudán del Sur, aunque fueron desviadas a una base naval estadounidense en Yibuti después de que interviniera un juez.
Los refugiados y migrantes, procedentes de países como Myanmar, Vietnam y Cuba, habían sido condenados por delitos violentos en Estados Unidos. Las autoridades de inmigración han declarado que no pudieron devolverlos rápidamente a sus países de origen.
El caso se produce en medio de una amplia ofensiva migratoria por parte de la administración de Trump, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven indocumentadas en Estados Unidos.
En un mordaz documento disidente de 19 páginas, la jueza liberal Sonia Sotomayor escribió que la acción del tribunal expone a “miles de personas al riesgo de tortura o muerte”.
“El gobierno ha dejado claro con palabras y hechos que se siente libre de la ley, libre de deportar a cualquier persona en cualquier lugar sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchado”, escribió en el voto disidente, al que se sumaron los otros dos jueces liberales, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
Los abogados de algunos de los migrantes que viajaban en el vuelo a Sudán del Sur afirmaron que seguirían defendiendo su caso ante los tribunales. «Las consecuencias de la orden de la Corte Suprema serán terribles», declaró Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración.